La regulación de los sitios de disposición final para los residuos sólidos (vertederos), acorde a lo establecido por las leyes, costaría al Estado dominicano entre 7,000 y 9,000 millones de pesos, una inversión que a juicio del director del Fideicomiso DO Sostenible, Armando Paíno Henríquez, requiere que la ciudadanía entienda que "la basura se tiene que pagar".

Henríquez manifestó, que se prevé que al año el fideicomiso público- privado recaude unos 2,000 millones de pesos, monto que junto a otras medidas que implementan, permitirá "cubrir los próximos dos o tres años de trabajo sin problemas".

Sin embargo, el funcionario indicó que la Ley 225-20, de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, establece el mandato del cobro por el servicio de recolección de la basura.