
Las fuerzas de seguridad efectuaron varios registros domiciliarios en las ciudades de Madrid, Guadalajara (centro) y Sevilla (sur). Con los beneficios, pagaban las minutas de los abogados, enviaban dinero a miembros de la banda encarcelados, satisfacían las cuotas de pertenencia, compraban droga para revenderla y adquirían armas para los enfrentamientos con grupos rivales.
Los detenidos están acusados de pertenencia a organización criminal, estafa bancaria, falsificación documental, usurpación de identidad y blanqueo de capitales.
En los registros se encontraron listas de más de 300.000 personas a las que estafaban, 53 tarjetas bancarias a nombre de las víctimas, numeroso material informático, instrumentos para forzar puertas, ganzúas, candados, 5.000 euros (5.500 dólares) en metálico y documentos relacionados con la estructura de los Trinitarios. Parte de los ingresos era enviado a cuentas bancarias en el extranjero y también utilizado en la compra de inmuebles en República Dominicana.
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