Las oficinas de inmigración estadounidenses están tan abrumadas que algunos solicitantes de asilo que cruzaron por México probablemente tendrán que esperar una década antes de poder siquiera recibir una cita para comparecer ante un juez.


Los retrasos se deben a un cambio aplicado dos meses después de que el presidente Joe Biden asumió el cargo, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza iniciaron la práctica ya abandonada de liberar a inmigrantes rápidamente, con libertad vigilada.

A los inmigrantes se les instruyó reportarse ante una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para ser procesados para la cita judicial, labor que antes realizaba la Patrulla Fronteriza.

El cambio evitó el hacinamiento en centros de acoplo como ocurrió en 2019, cuando algunos migrantes tenían que pararse sobre el inodoro para poder respirar. Pero el costo se hizo evidente cuando los oficiales del ICE designados para entregar las citas judiciales no se daban abasto.